En enero, los ingresos públicos en México experimentaron una notable disminución, con una brecha de 29,241 mdp en comparación con lo proyectado por el Congreso. Ante esta situación, Hacienda se vio obligada a recortar el gasto en 39,510 mdp. Se prevé que si el tipo de cambio se mantiene por debajo de los 17.30 pesos, la deuda pública alcanzará los 16.8 billones de pesos, marcando un aumento de 6 billones en comparación con diciembre de 2018.
Hasta el 31 de enero, los ingresos de Hacienda ascendieron a 658,903 mdp, una diferencia significativa respecto a los 688,354 mdp programados. Esto revela una desaceleración económica, con un crecimiento real de los ingresos públicos del 0.8%, en contraste con la estimación del 3.5%.
El gobierno reportó ingresos por 658,903 mdp y gastos por 811,669 mdp en enero, generando un déficit presupuestario primario de 152,766 mdp. Este déficit representa el 18.82% del gasto presupuestario, lo que impulsó al gobierno a solicitar un endeudamiento adicional de 1.9 billones de pesos para el año.
El gobierno realizó colocaciones de deuda pública en mercados internacionales por un total de 6,000 millones de dólares y 4,000 millones de Euros en enero, contribuyendo a un aumento histórico en la deuda contratada en 2024, que alcanzará los 2 billones de pesos, equivalentes al 6% del PIB.
Esta deuda se ha destinado principalmente al gasto social en lugar de inversiones productivas, lo que plantea preocupaciones sobre su sostenibilidad a largo plazo. Además, la disminución en los ingresos petroleros, que representan menos del 10% del total, evidencia la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos fiscales.
A pesar de las colocaciones exitosas de deuda, hay preocupaciones sobre la capacidad futura de Hacienda para atraer inversionistas, especialmente dado el aumento continuo en la deuda pública. Esto resalta la importancia de impulsar el crecimiento económico y revisar los gastos gubernamentales para garantizar una gestión financiera sólida y sostenible en el futuro.
La próxima administración enfrentará el desafío de equilibrar las necesidades sociales con la estabilidad económica, lo que puede implicar realizar auditorías en los programas sociales existentes y realizar ajustes para garantizar que realmente sirvan a su propósito original.
La deuda pública adicional de 1.9 billones de pesos se podrían destinar para financiar la construcción de diversas infraestructuras, como por ejemplo, la creación de cuatro aeropuertos similares al NAIM, cuyo costo alcanza los 500,000 mdp cada uno. Asimismo, se podrían desarrollar autopistas que conecten las costas de México, desde Tijuana hasta Chiapas y desde Cancún hasta Tampico, generando importantes inversiones. Otra opción sería la instalación de parques eólicos y solares, lo que permitiría a los mexicanos dejar de pagar por energía eléctrica durante los próximos 25 años de vida útil de estas instalaciones.
Incluso si estos fondos no se gastaran directamente y se estableciera un Fondo Soberano, con una tasa de interés del 5% anual, los intereses generados podrían destinarse para garantizar el suministro de medicamentos.
